Una amenaza a la democracia

"Nuestro país no ha avanzado hace más de quince años en una legislación que permita obtener mayor transparencia en materias de corrupción y la historia reciente ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. La transparencia debe seguir siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso la iniciativa es un atentado contra la democracia", indica el sociólogo Marcos Yáñez Álvarez
Por Marcos Álvarez Yáñez (sociólogo)
Un grupo de senadores ha propuesto volver a poner en vigencia un polémico proyecto que tiene como objetivo tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes de una investigación penal reservada. Se trata de la ley mordaza.
Esta iniciativa parlamentaria propuesta por los Senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperguer (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evopoli) y Alfonso de Urresti (PS) nace a raíz de los casos Penta, SQM, Monsalve, Sierra Bella y otros. En los cuáles la prensa ha podido obtener información muy valiosa para dar a conocer a la ciudadanía. Entre sus fundamentos, el texto señala que se busca evitar filtraciones en la prensa de casos reservados de alta connotación pública, en dónde se “evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro”.
Ante este proyecto de ley, se hace necesario revisar lo que dice nuestra carta magna con respecto a la libertad de prensa:
_La libertad de expresión en Chile está regulada principalmente por la Constitución Política, especialmente en el artículo 19, número 12.
_La Constitución chilena garantiza el derecho a emitir opiniones e informar sin censura previa, sin perjuicio de responder por delitos y abusos en el ejercicio de estas libertades.
_En Chile, aunque la libertad de expresión está garantizada, puede ser limitada por otras leyes y disposiciones.
_La Ley N.º 12.927, promulgada en 1958, contempla sanciones para quienes difundan información que afecte la seguridad del Estado, el orden público o la autoridad del gobierno.
Nuestro país no ha avanzado hace más de quince años en una legislación que permita obtener mayor transparencia en materias de corrupción y la historia reciente ha demostrado que muchos de los casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos o abusos de poder se han destapado gracias a investigaciones periodísticas. La transparencia debe seguir siendo un pilar fundamental para la legitimidad del sistema de ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso la iniciativa es un atentado contra la democracia.
Por otra parte el proyecto carece de sustento al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, ignorando la función democrática de los medios de comunicación; ya lo decía Gabriel García Marquez en 1996: “El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. En esencia, el periodista y escritor describe el periodismo como una búsqueda constante de la verdad a través de la inmersión en la realidad, a veces dura y sin filtros. Esta confrontación con la realidad, aunque difícil, es lo que permite al periodista comprender y transmitir la información de manera efectiva para que la gente pueda hacer su propio juicio de las cosas.
El gobierno ya ha informado que no patrocinará la iniciativa que se ha topado con el rechazo del Colegio de Periodistas, medios asociados y prensa local.
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