En medio del debate sobre cómo agilizar el desarrollo económico, ha comenzado a avanzar silenciosamente un proyecto de ley que podría tener serias consecuencias para la protección ambiental y el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que afectan sus territorios. Se trata del proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda, conocida por muchos como la “Ley de Permisología”.
El discurso oficial habla de eficiencia y modernización. Pero tras esa narrativa, lo que realmente se propone es reducir las exigencias para obtener permisos sectoriales, muchos de ellos vinculados a evaluaciones técnicas, medioambientales o sociales. En otras palabras, se busca “agilizar” el sistema, pero a costa de debilitar los controles que protegen los ecosistemas y las comunidades.
El proyecto fue aprobado en 2024 en la Cámara de Diputadas y Diputados gracias al voto favorable del diputado Jaime Naranjo, junto al de otros congresistas. Con ese respaldo, la iniciativa pasó al Senado, donde la Comisión de Economía sesionó el pasado 17 de junio.
Al momento de escribir esta columna, el informe de esa sesión aún no ha sido publicado en la plataforma oficial, por lo que la ciudadanía no tiene acceso a información clave sobre los posibles cambios que ha sufrido la propuesta.
Tras su paso por el Senado, el proyecto ahora vuelve a la Cámara de Diputadas y Diputados para su tercer trámite legislativo, en el que deberán discutirse las modificaciones realizadas.
Cabe destacar que quien preside la Comisión de Economía del Senado es la Senadora Ximena Rincón, quien representa a la Región del Maule. En declaraciones recientes, Rincón señaló: “Esto además hay que analizarlo a la par de la ley que reformula la evaluación de impacto ambiental, que esperamos comenzar a verlo la próxima semana.” Esto evidencia que no se trata de una discusión aislada, sino de un paquete de reformas que podrían transformar profundamente el sistema de evaluación ambiental en Chile.
Desde el centro de estudios Libertad y Desarrollo —cercano a la perspectiva pro-inversión— se ha señalado que “la Ley Marco excluye de su ámbito de aplicación todos los permisos que se tramitan íntegramente en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), es decir, deja fuera los permisos ambientales, los cuales son esenciales para el desarrollo de la mayoría de grandes proyectos de inversión. Luego, se establecen mandatos a los órganos sectoriales respecto al otorgamiento de permisos ambientales sectoriales (‘PAS’) aplicables a proyectos que ingresan al SEIA.”
Esto puede sonar tranquilizador, pero también deja ver que la ley no es neutra: toca de lleno los procedimientos que acompañan a los proyectos que ingresan al SEIA, lo que puede derivar en presiones para reducir criterios, acortar tiempos y debilitar la fiscalización posterior. Todo esto en nombre de la inversión, pero sin considerar adecuadamente los impactos territoriales, sociales y ambientales.
Por lo mismo, este es un momento clave para ejercer nuestra ciudadanía activa. El diputado Jaime Naranjo, quien representa al Maule sur (circunscripción 18) y participó directamente en la aprobación de este proyecto en la Cámara, podría tener más información sobre sus alcances, motivaciones y riesgos. Ante esta situación estamos invitados a consultarlo directamente. El diputado esta constantemente en contacto con la comunidad, él y su equipo. Quizás con la Senadora sea más difícil. También, del Maule norte, el diputado Donoso participó. Todos con el mismo deber con sus representados y con el resguardo del bien común.
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