La columna de opinión del concejal Lenin Fuentes Barros: Seguridad Sí. Autoritarismo nunca más.

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

     Chile enfrenta una crisis real de seguridad. El crimen organizado, el narcotráfico, los homicidios y la violencia que afecta a barrios y comunidades exigen respuestas firmes del Estado. Nadie puede desconocer esa realidad ni pedirles a las familias que esperen mientras el delito avanza.

Pero precisamente porque la seguridad es demasiado importante, no podemos aceptar que se transforme en la puerta de entrada a una democracia restringida, donde el miedo sea utilizado para justificar la concentración de poder, la restricción de derechos y el debilitamiento de los controles institucionales.

El Gobierno ha presentado una Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo que contempla, entre otras medidas, una reforma constitucional que incorpora un nuevo estado de excepción y nuevas herramientas para enfrentar organizaciones criminales. El propio Ejecutivo sostiene que busca recuperar el control territorial y fortalecer las capacidades del Estado.

La propuesta ha generado preocupación precisamente porque contempla un nuevo régimen de excepción con facultades extraordinarias y restricciones importantes a derechos fundamentales. Las versiones conocidas del proyecto incluyen la posibilidad de limitar libertades como la de circulación y reunión. Faculta al ejecutivo, y más explícitamente al presidente de la república para calificar actos de terrorismo o de alteración del orden público y por consiguiente ordenar medidas como la censura, relegación e incluso la expulsión del territorio nacional.

A mi entender, nunca, desde el retorno de la democracia a Chile habíamos enfrentado un intento institucional de socavar tan profundamente el Estado de Derecho y las reglas de convivencia de la propia democracia en nuestro país.

No podemos obviar que una democracia no se define solamente por la existencia de elecciones. También se define por los límites que tiene el poder, por la separación de funciones, por el respeto de los derechos fundamentales y por la existencia de instituciones capaces de controlar al Ejecutivo.

Por eso resulta legítimo preguntarse hacia dónde puede conducir una política que, en nombre de la seguridad, amplía de manera significativa las facultades presidenciales.

No se trata de afirmar livianamente que Chile ya esté viviendo una dictadura ni que el Gobierno haya decretado el fin de la democracia. Eso sería desconocer la realidad institucional del país. Pero sí se aprueba esta reforma constitucional es claro que entramos en un ciclo de autoritarismo solo comparable con los 17 años de dictadura, en el cual las libertades democráticas se verán como un obstáculo para garantizar el orden.

Sabemos lo que ocurrió cuando el Estado dejó de reconocer los límites que impone la dignidad humana. Sabemos lo que significó la dictadura de Pinochet: persecución política, prisión, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones, censura y una institucionalidad subordinada al poder. Por eso, cualquier proyecto que pretenda utilizar la seguridad como argumento para reducir controles democráticos debe ser examinado con la máxima responsabilidad y no porque toda política de mano dura conduzca inevitablemente a una dictadura, sino porque las democracias también pueden erosionarse gradualmente.

Primero se restringen determinadas libertades en nombre de una emergencia. Después se normaliza la presencia militar en tareas de seguridad. Luego se amplían las facultades del Ejecutivo. Más tarde se comienza a considerar sospechoso al que protesta, al que disiente o al que cuestiona al Gobierno. Y cuando la sociedad quiere reaccionar, puede encontrarse con que los mecanismos de control institucional ya fueron debilitados.

Ese es el verdadero peligro.

Chile necesita policías mejor dotadas, inteligencia criminal, persecución financiera del narcotráfico, cárceles capaces de controlar a las organizaciones criminales, fronteras seguras, fiscales con recursos, recuperación de barrios y presencia efectiva del Estado. También necesita municipios fortalecidos, prevención social del delito, oportunidades para los jóvenes y políticas públicas capaces de impedir que el narcotráfico se convierta en una alternativa de vida.

Seguridad no significa militarizar la sociedad. Seguridad no significa convertir la excepción en regla. Seguridad no significa que el Presidente pueda disponer de poderes extraordinarios sin controles suficientes. Y seguridad tampoco significa aceptar que los derechos fundamentales sean considerados privilegios secundarios.

La verdadera fortaleza de un Estado se demuestra cuando es capaz de combatir al delincuente sin transformarse él mismo en una amenaza para las libertades ciudadanas.

Hay una diferencia fundamental entre autoridad y autoritarismo. La autoridad democrática está sometida a la ley, al Congreso, a los tribunales, a la Constitución y al escrutinio ciudadano. El autoritarismo, en cambio, entiende que esos controles son obstáculos que deben ser removidos cuando el poder considera que existe una emergencia.

El proyecto se seguridad propuesto por el presidente Kast, nos obliga a una alerta máxima y la respuesta ciudadana no puede ser otra que la defensa y fortalecimiento de la democracia.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).