Lenin Fuentes Barros: El silencio como medio de acción política

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

             La acusación por notable abandono de deberes que presentamos cuatro concejales en contra del alcalde de Linares, Mario Meza, constituye uno de los hechos político-institucionales más relevantes que ha enfrentado la comuna en los últimos años. Más allá del resultado que finalmente adopte el órgano competente, su sola presentación refleja que quienes finalmente firmamos la acusación, estimamos que existían antecedentes suficientemente graves para activar uno de los mecanismos de fiscalización más severos contemplados por la legislación chilena.

La figura del notable abandono de deberes, regulada en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, no fue creada para resolver diferencias políticas ni disputas personales. Su finalidad es proteger el correcto funcionamiento de la administración municipal cuando existen incumplimientos graves de las obligaciones legales de una autoridad comunal. Es, en esencia, una herramienta excepcional destinada a resguardar el interés público y fortalecer la responsabilidad de quienes ejercen el poder.

Por ello, la discusión no debería centrarse exclusivamente en el alcalde. También corresponde preguntarse cuál ha sido el rol del Concejo Municipal y, particularmente, de los concejales Cinthia Labraña, Favio Vargas, Luis Concha y Leandro Alfaro que decidieron no respaldar la acusación.

En democracia, el silencio nunca es neutral. Cuando se denuncia una eventual vulneración grave de los deberes de una autoridad, quienes ejercen funciones fiscalizadoras tienen la obligación política y ética de explicar sus decisiones ante la ciudadanía. No basta con votar en privado o guardar silencio frente a un tema de evidente interés público. La representación popular exige transparencia y rendición de cuentas.

Los concejales que no suscribieron la acusación tienen pleno derecho a discrepar de sus fundamentos. Sin embargo, ese derecho lleva aparejada una responsabilidad igualmente importante: explicar por qué consideran que los antecedentes no justifican la acción presentada. La ciudadanía merece conocer si estiman que la administración municipal ha actuado correctamente o si, por el contrario, reconocen deficiencias, pero consideran improcedente la activación de este mecanismo jurídico.

El problema surge cuando esa explicación simplemente no existe. El silencio abre espacio a la especulación, alimenta la desconfianza y debilita la legitimidad de las instituciones. En una comuna que ha sido objeto de reiterados cuestionamientos por parte de organismos fiscalizadores y donde diversas decisiones administrativas han generado controversias públicas, la omisión de Labraña, Vargas, Concha y Alfaro resulta aún más difícil de entender o justificar.

La fiscalización municipal no puede transformarse en una función selectiva. No puede ejercerse con firmeza frente a determinadas autoridades y con indulgencia frente a otras. Tampoco puede depender de afinidades políticas, cálculos electorales o relaciones personales. La ciudadanía eligió concejales para controlar la legalidad de la gestión municipal, no para actuar como defensores del alcalde ni como espectadores pasivos frente a eventuales irregularidades.

La acusación por notable abandono de deberes abre, además, un debate sobre los estándares de responsabilidad pública que exige la comunidad. Independientemente del desenlace jurídico del proceso, ya existe una responsabilidad política que debe ser enfrentada con argumentos, transparencia y convicción.

Quienes impulsamos la acusación hemos demostrado con solidez los antecedentes que la sustentan. Pero quienes optaron por no hacerlo también tienen el deber democrático de fundamentar su decisión. En política, especialmente cuando se administra el patrimonio y los recursos de toda una comunidad, el silencio rara vez es una posición inocente.

Linares necesita instituciones fuertes, autoridades responsables y concejales que comprendan que fiscalizar no es un acto de confrontación, sino una obligación legal y moral. La confianza pública no se construye ocultando los debates más complejos, sino enfrentándolos de cara a la ciudadanía.

Hoy la pregunta ya no es únicamente si el alcalde incurrió o no en notable abandono de deberes. La otra interrogante, igualmente legítima, es por qué los concejales Cinthia Labraña, Favio Vargas, Luis Concha y Leandro Alfaro prefirieren guardar silencio frente a una de las acusaciones institucionales más importantes de este ciclo en la administración municipal.

Cuando la ciudadanía exige explicaciones, el silencio también comunica. Y muchas veces comunica más que las palabras.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).