Mariano Rivera Figueroa: “Linares debe avanzar a una política integral de derechos digitales y conectividad rural”

Por Mariano Rivera Figueroa (Comunicador, docente, periodista, magíster en sociología.  Actualmente, candidato concejal de ATL por Linares)

                                        La comuna de Linares, por su composición socio-geográfica y -sobre todo- por una cuestión llamada “dignidad”, está obligada a definir una política integral de conectividad digital en los territorios, fundamentalmente, en la perisferia rural donde -cuando no se trata de ofrecer agrotóxicos- el mercado llega tarde, mal o nunca.  Allí, en los cajones de aguas cristalinas cercanos a la comuna y en los verdes fecundos valles en las localidades campesinas, la lógica subsidiaria del Estado expresa nuevamente el fracaso del proyecto neoliberal en el país y la región; una derrota que afecta a los habitantes del “Chile profundo” y atenta contra la calidad de vida en la ruralidad.  Si atendemos a la denuncia realizada por Khristopher Brigmann, socio fundador de la compañía WOM en Chile, existiría una especie de colusión entre las empresas multinacionales Entel, Movistar y Claro, que -impidiendo el libre tráfico de datos- estarían generando la necesidad de instalar nuevas tecnologías, más parecido a un “cartel de tráfico de internet” que de un libre mercado competitivo y eficiente.

Actualmente, las personas que vivimos en la perisferia rural en el Maule Sur, es decir, en los territorios que circundan el perímetro urbano (la ciudad): “en los bordes de la modernidad”, no contamos con conexión estable para desempeñar labores requeridas por el desarrollo y la productividad que, sin ser en lo absoluto un ideal a perseguir, es constantemente exigido por el actual sistema político chileno, sea a la hora de “tele-trabajar”, pagar cuentas y servicios básicos, pedir permisos en comisaría virtual para movilizarnos en tiempos de bio-control y pandemia, y hasta estudiar telemáticamente; en un marzo convulsionado por el ingreso a clases y amenazado por la nula o deficiente conexión a internet.  Cuando hay señal es inestable, lo que impide dictar o cursar clases de manera significativa o con mínima persistencia (un imprescindible para generar las comunidades virtuales pretendidas por los centros de formación y escuelas).  Esto, eso en caso de “ciberfortuna”, pues en general no hay conexión -muchas veces- ni siquiera para llamar vía telefónica al servicio de salud o a Bomberos en caso de urgencias sanitarias o forestales.  De hecho, mientras escribo esta columna, no cuento con señal de teléfono ni de internet, por lo que muy probablemente tenga que ubicarme en un rincón del patio, cerca del pasaje y pedir a los astros que una onda se cruce en mi camino.

Y es que cuando nos referimos a “conectividad” no hablamos -solamente- del gusto que genera revisar las redes sociales, sino que referimos a la posibilidad real de “conectarse” y vincularse en común con alguien o con algo, la educación por de pronto.   Se apela -ni más ni menos- a la garantía plena de un Derecho Humano llamado “Derechos Digitales”, hoy por hoy, en manos de un mercado insuficiente y con visos de corrupción.  Comentarán algunos “...quieren todo gratis y ven derechos en todos lados” o que “los derechos digitales son de cuarto orden y por tanto menos importantes que las urgencias que tiene el Chile actual”.  Lo cierto es que en pleno siglo XXI, con satélites flotando por el universo y con experiencias o “política comparada” bastante interesante; nadie podría señalar que lo que aquí se demanda resulta “idealista”, “irreal” o “utópico”.  No resulta sensato pensar que se trata de un “lujo”, algo meramente suntuoso; “una poca cosa”, menos en los tiempos que vive la humanidad, donde la movilidad social -pandemia mediante- o el acceso y garantía de Derechos Humanos como la educación y trabajo, también están mediados por la conectividad.  Esto, sin siquiera mencionar el gran potencial que una política integral de conectividad reportaría al desarrollo de emprendimientos ecoturísticos y redes agroecológicoa en “el mundo rural”.  Una cuestión nada de despreciable y que seguro será objeto de discusión en el proceso constitucional-constituyente o “Nueva Constitución” que estamos llamados a fundar. 

Es por todo lo anterior que, cuando Alcaldía Territorial de Linares (ATL) y las comunidades que habitamos la perisferia rural nos pronunciamos sobre conectividad o “derechos digitales”, nos situamos en un contexto de segregación o exclusión por parte del mercado, pero también en una condición donde la ausencia de Estado es flagrante. El internet se ha convertido en un componente multifacético en los modos de vida de las personas del siglo XXI, y es por medio de éste en donde también se manifiesta el cumplimiento o vulneración de otros derechos de primer y segundo orden; garantías constitucionales inalienables como la libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión (si atendemos que el ciber espacio es tan real, significativo y productivo como el espacio físico o 1.0), derechos del niño, derechos políticos e igualdad ante la ley; todos éstos cada vez más importantes en los tiempos que corren y que se avecinan; muy propios de la antropología en desarrollo, la cibercultura globalizada y las nuevas relaciones humanas que establecen velozmente las nuevas generaciones o nativas digitales.

El vaso medio lleno es que como ATL creemos firmemente que el Municipio sirve mucho más que para “sacar la basura” en la ciudad y, por el contrario, nos mueve la convicción de que con fomento real y una discusión participativa con las organizaciones y emprendimientos existentes, con una seria revisión de experiencias exitosas (institucionales y comunitarias), mesas de trabajo con las compañías presentes en el territorio y -sobre todo- con voluntad política; podremos aportar ideas y proyectos que nos permitan no sólo exigir dignidad, sino que a construirla y conquistarla con nuestras propias manos, iniciativas, emprendimientos y, si es que la comunidad organizada así lo exige, con voluntad efectiva del aparato municipal en esta materia.

No es tolerable seguir normalizando la desigualdad en la perisferia rural, ya sea en materia de acceso y derecho al agua, red de alcantarillados o tratamiento de residuos, y tampoco si de conectividad digital integral se trata.  Somos quienes habitamos la ruralidad, las llamadas a pensar el territorio que nos merecemos. Será misión de todes, todos y todas las vecinas de la comuna poner en valor que la dignidad surge cuando el poder se ejerce y comprender que los derechos se exigen y se conquistan, pues hasta ahora en la historia nada ha sido regalado para los y las trabajadoras y, en caso de haber proyectos y discursos alternativos, apoyarles, resulta hasta un desafío histórico.