Linares: cuando fiscalizar se convierte en persecución

Por César Concha Gatica (abogado linarense y ex SEREMI de Bienes Nacionales de la Región del Maule)

            En Linares se está instalando una idea preocupante: que cuando un concejal ejerce una atribución que la ley expresamente le entrega, deja de ser un fiscalizador para transformarse en un perseguidor político.

Esa discusión trasciende al alcalde, al Concejo Municipal e incluso al requerimiento de remoción que actualmente conoce el Tribunal Electoral Regional. Lo que realmente está en juego es la forma en que entendemos la democracia, el control del poder y el rol de quienes fueron elegidos para representar a la ciudadanía.

En los últimos días, el alcalde ha sostenido públicamente que el requerimiento presentado en su contra constituye una persecución política. Es una afirmación que puede formar parte de su estrategia de defensa, pero que merece ser analizada con serenidad y, sobre todo, a la luz de la ley.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades no convierte a los concejales en simples acompañantes del alcalde. Tampoco fueron elegidos para asistir a sesiones o aprobar iniciativas sin mayor cuestionamiento. La ley les entrega una misión esencial: fiscalizar la gestión municipal y velar por la correcta administración de los recursos públicos.

La fiscalización no es una herramienta política. Es un deber legal.

Cuando un concejal conoce antecedentes que, a su juicio, podrían configurar infracciones graves, la ley no le ordena guardar silencio para evitar conflictos políticos. Tampoco le exige calcular el costo electoral de sus decisiones. Le exige ejercer las atribuciones que el ordenamiento jurídico le entrega y permitir que sean las instituciones competentes las que resuelvan.

Eso es precisamente lo que ocurrirá en este caso.

Será el Tribunal Electoral Regional quien determine si los antecedentes invocados justifican o no una sanción. Esa decisión corresponde exclusivamente al Tribunal. Ni a las redes sociales, ni a los medios de comunicación, ni a las declaraciones políticas.

Por eso resulta preocupante que, frente al ejercicio de una atribución expresamente reconocida por la ley, la respuesta sea descalificar a quienes la ejercen calificando suactuar como una persecución política. Ese tipo de planteamientos debilita los mecanismos de control que existen precisamente para resguardar el correcto funcionamiento de la administración pública.

Hay, además, un hecho que merece ser considerado. Entre quienes suscribieron el requerimiento existe incluso un concejal perteneciente al mismo partido político del alcalde. Ese antecedente, por sí solo, demuestra que reducir este debate a una simple confrontación entre oficialismo y oposición resulta, a lo menos, insuficiente. Cuando incluso autoridades de una misma coalición adoptan posiciones distintas frente al deber de fiscalizar, lo razonable es permitir que las instituciones funcionen y esperar con respeto la decisión del Tribunal.

La democracia necesita autoridades fuertes, pero también instituciones fuertes. No existe 

buena administración pública sin fiscalización. No existe confianza ciudadana cuando quienes tienen el deber de controlar prefieren guardar silencio.

Y es precisamente aquí donde surge una pregunta que como comunidad no podemos dejar de formularnos.

¿Por qué algunos concejales decidieron ejercer las atribuciones que la ley les entrega y otros no?

Todos integran el mismo Concejo Municipal. Todos fueron elegidos con el mismo mandato ciudadano. Todos tienen acceso a la información necesaria para ejercer sus funciones. Sin embargo, frente a hechos que hoy son objeto de revisión por parte del Tribunal Electoral Regional, solo algunos estimaron que correspondía activar los mecanismos institucionales que la propia ley contempla.

La pregunta adquiere aún mayor relevancia cuando algunos de esos concejales han manifestado, o legítimamente aspiran, a dar continuidad a la actual administración municipal. Quien pretende conducir el municipio mañana no puede eludir la responsabilidad de controlar su funcionamiento hoy.

La fiscalización no puede activarse o desactivarse según la cercanía con una autoridad, la conveniencia política o los cálculos electorales. La ciudadanía tiene derecho a exigir coherencia. No basta con prometer una mejor administración para el futuro; también es necesario demostrar que, cuando correspondía fiscalizar, se estuvo a la altura del deber que impone la ley.

Las instituciones no se debilitan cuando un concejal fiscaliza. Se debilitan cuando quienes fueron elegidos precisamente para controlar renuncian a esa responsabilidad.

Porque fiscalizar no es perseguir.

Fiscalizar es cumplir la ley.

Y cuando la ley se cumple, quien gana no es un alcalde, un concejal o un sector político.

Gana Linares.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).