Recursos Pro-Retención: las responsabilidades políticas y éticas ante el informe de Contraloría sobre la gestión comunal de Linares
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"El alcalde Mario Meza tiene el deber de entregar explicaciones claras y asumir las responsabilidades políticas que correspondan. ¿Sabía el alcalde lo que estaba sucediendo con los recursos de la Ley Pro-Retención? ¿Autorizó el alcalde el uso de los recursos Pro-Retención para otros fines? Y si no lo autorizo ¿Quién lo hizo? La transparencia exige algo más que declaraciones comunicacionales o intentos de trasladar la responsabilidad a funcionarios subordinados. La ciudadanía merece saber cómo se llegó a esta situación. Lo ocurrido en Linares refleja una problemática más profunda: la distancia que muchas veces existe entre los discursos sobre prioridad social y la forma en que efectivamente se administran los recursos destinados a garantizar derechos. Mientras se inauguran obras, se desarrollan campañas comunicacionales y se proyectan nuevas iniciativas, los programas orientados a proteger a los sectores más vulnerables parecen quedar relegados a un segundo plano", indicó el concejal Lenin Fuentes Barros
Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)
El reciente informe de Contraloría sobre el uso de los recursos de la Ley Pro Retención Escolar en Linares representa mucho más que una observación administrativa. Constituye una señal de alarma respecto de la forma en que se han gestionado recursos públicos destinados a los estudiantes más vulnerables de la comuna durante los últimos años.
Mientras cientos de familias enfrentan dificultades económicas para mantener a sus hijos e hijas en el sistema educativo, la auditoría detectó millonarias irregularidades en la administración de fondos cuyo objetivo precisamente era evitar la deserción escolar. Gift cards vencidas sin entregar, recursos sin rendir adecuadamente, falta de respaldo documental y cientos de millones de pesos observados por el organismo fiscalizador configuran un escenario que difícilmente puede ser minimizado como simples errores administrativos.
El concejo comunal exigió al alcalde Meza una explicación, lo que obviamente no ocurrió y escabulló proponiendo una comisión para analizar el tema. Obviamente él no sería participe de esta comisión y así, el viernes 26 del presente se desarrolló la comisión de control que no aportó en nada a esclarecer los hechos, pero si sirvió para ver la cara impávida de algunos funcionarios llamados al control de los recursos municipales y que prefirieron mantener su sitio de confort con sueldos muy por sobre la media de todos los linarenses y claramente muy, pero muy lejos de la realidad de las niñas y niños vulnerados en su derecho a recibir este beneficio otorgado por el Estado para apoyar sus estudios. Prefirieron mirar para el lado y guardar silencio ante el delito y sobre todo ante el hecho de quitarle a los que menos tienen. Su responsabilidad ética es ineludible.
Pero ¿quién responde políticamente por estos hechos?
Durante más de una década, la Municipalidad de Linares ha sido dirigida por el alcalde Mario Meza. Bajo su administración se ha concentrado el liderazgo político y administrativo de la comuna, por lo que resulta imposible desvincular estas observaciones de las responsabilidades que corresponden a la máxima autoridad municipal.
La ciudadanía no eligió directores, jefaturas intermedias ni funcionarios específicos para conducir el municipio. Eligió un alcalde. Y cuando la Contraloría detecta graves deficiencias en la administración de recursos públicos, la responsabilidad política recae inevitablemente sobre quien encabeza la institución.
Resulta preocupante que recursos destinados a estudiantes vulnerables terminaran envueltos en cuestionamientos sobre su correcta utilización. Más grave aún es que estas observaciones se produzcan en una comuna donde las necesidades sociales siguen siendo evidentes y donde cada peso destinado a educación puede marcar la diferencia entre continuar estudiando o abandonar el sistema escolar.
La Ley Pro-Retención Escolar no fue creada para financiar improvisaciones ni para alimentar una burocracia ineficiente. Fue diseñada para proteger trayectorias educativas, apoyar a familias vulnerables y generar oportunidades. Cuando esos recursos no llegan oportunamente a sus destinatarios o presentan inconsistencias en su administración, el perjuicio no es únicamente financiero: es social y humano.
El alcalde Mario Meza tiene el deber de entregar explicaciones claras y asumir las responsabilidades políticas que correspondan. ¿Sabía el alcalde lo que estaba sucediendo con los recursos de la Ley Pro-Retención? ¿Autorizó el alcalde el uso de los recursos Pro-Retención para otros fines? Y si no lo autorizo ¿Quién lo hizo? La transparencia exige algo más que declaraciones comunicacionales o intentos de trasladar la responsabilidad a funcionarios subordinados. La ciudadanía merece saber cómo se llegó a esta situación.
Lo ocurrido en Linares refleja una problemática más profunda: la distancia que muchas veces existe entre los discursos sobre prioridad social y la forma en que efectivamente se administran los recursos destinados a garantizar derechos. Mientras se inauguran obras, se desarrollan campañas comunicacionales y se proyectan nuevas iniciativas, los programas orientados a proteger a los sectores más vulnerables parecen quedar relegados a un segundo plano.
La Contraloría ha cumplido con su deber al advertir estas irregularidades. Ahora corresponde que las autoridades políticas hagan lo propio. Porque cuando los recursos destinados a evitar la deserción escolar terminan cuestionados por mala administración, no estamos frente a un problema técnico. Estamos frente a un fracaso de gestión que tiene responsables políticos claramente identificables.
Y la principal responsabilidad política, por la naturaleza de su cargo y por los años que ha encabezado la administración comunal, recae sobre el alcalde Mario Meza.
