Lenin Fuentes Barros: Fragilidad del Estado chileno y cambio climático

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

       Los temporales que hoy golpean gran parte del país vuelven a desnudar una verdad incómoda: Chile es un Estado extremadamente frágil frente a la crisis climática. Lo preocupante es que, mientras las lluvias evidencian la necesidad de fortalecer las capacidades públicas, el Gobierno insiste en impulsar una megarreforma tributaria que, entre otras materias, debilita la institucionalidad ambiental en nombre de la inversión y la desregulación.

Cada sistema frontal repite la misma historia: ciudades inundadas porque los colectores no dan abasto; caminos rurales destruidos por falta de inversión; familias aisladas; ríos que recuperan espacios que nunca debieron ser urbanizados; servicios públicos reaccionando cuando la emergencia ya está instalada. La improvisación se ha transformado en política pública.

Durante décadas se postergó la planificación territorial, se permitió construir donde no correspondía y se privilegió el crecimiento económico por sobre la protección de los ecosistemas. Hoy estamos pagando esa deuda con recursos públicos, con pérdidas económicas y, muchas veces, con la seguridad y la tranquilidad de miles de familias.

Lo más grave es que, en lugar de aprender de estas lecciones, el Gobierno parece decidido a profundizar el problema. Bajo el discurso de "eliminar trabas" para acelerar la inversión, la megarreforma tributaria incorpora modificaciones que reducen controles ambientales, flexibilizan procedimientos y debilitan la capacidad del Estado para evaluar adecuadamente proyectos con impactos significativos sobre el territorio.

Se instala una falsa dicotomía: crecimiento o protección ambiental. Como si cuidar los ríos, los humedales, los bosques o exigir evaluaciones ambientales rigurosas fuera un lujo que Chile ya no puede darse. La evidencia demuestra exactamente lo contrario. Los países que mejor enfrentan la crisis climática son aquellos que cuentan con instituciones ambientales fuertes, independientes y técnicamente robustas.

Cada vez que se debilita la fiscalización ambiental, quienes terminan pagando el costo no son las grandes empresas. Son las comunidades que viven junto a ríos desbordados, quebradas intervenidas, humedales destruidos y cerros deforestados. Son las familias que ven cómo el agua entra a sus hogares mientras las autoridades anuncian ayudas de emergencia que nunca reemplazan lo perdido.

Resulta profundamente contradictorio que el Estado reconozca oficialmente que Chile enfrenta una crisis climática y, al mismo tiempo, impulse reformas que reducen las herramientas disponibles para enfrentarla. Es como intentar apagar un incendio reduciendo el número de bomberos.

La adaptación al cambio climático exige exactamente lo contrario: fortalecer el Ministerio del Medio Ambiente, consolidar un Servicio de Evaluación Ambiental con independencia técnica, aumentar la fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, invertir en infraestructura resiliente y ordenar el territorio pensando en las próximas décadas, no en el próximo balance económico.

La crisis climática no espera los tiempos de la política ni de los mercados. Cada temporal nos recuerda que la naturaleza siempre termina imponiendo sus propias reglas. Cuando se destruye un humedal, se pierde una barrera natural contra las inundaciones. Cuando se interviene irresponsablemente una cuenca, aumenta el riesgo para las comunidades aguas abajo. Cuando se debilitan los controles ambientales, se incrementa la vulnerabilidad de todo el país.

La verdadera discusión no es si Chile necesita crecer. Por supuesto que necesita desarrollo, empleo e inversión. La pregunta es qué tipo de desarrollo queremos construir. Uno que sacrifique la seguridad ambiental para acelerar proyectos de corto plazo o uno que comprenda que proteger el territorio es proteger también la economía, la infraestructura y, sobre todo, la vida de las personas.

Los temporales de estos días deberían ser una advertencia imposible de ignorar. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a mirar hacia otro lado. Debilitar la institucionalidad ambiental en medio de una crisis climática no es modernizar el Estado; es hacerlo más vulnerable. Y cuando el próximo temporal vuelva a golpear, no será la naturaleza la responsable de las consecuencias más graves. Será una decisión política que prefirió la desregulación antes que la prevención, y la rentabilidad inmediata antes que la seguridad de las comunidades.