Chile enfrenta una tensión creciente: nadie quiere pagar por el servicio de disposición de residuos ni tener un relleno sanitario cerca de casa. El resultado: mala gestión de los residuos por parte de algunas municipalidades, sobreexplotación de vertederos en aquellas provincias y/o comunas que no cuentan con un relleno sanitario autorizado y un dilema sin resolver.
En muchos países del mundo el principio “quien contamina paga” guía las políticas de residuos. En Suiza, por ejemplo, los desechos domiciliarios solo se recogen si están en bolsas oficiales con etiqueta pagada, lo que incentiva el reciclaje y penaliza el desperdicio. En España varias localidades aplican un sistema “pay-as-you-throw”, donde se cobra una tarifa básica anual más una variable según el número de bolsas que se usan o el volumen de basura generado. En la República Checa, los residentes pagan una “tasa de residuos” de alrededor de 900 CZK la que convertida a pesos chilenos es equivalente a $ 41.478 (1 CZK = $ 46,09) por persona al año, lo que hace más consciente el uso de recursos.
En Chile el esquema es distinto: el costo del servicio de aseo, llamado “derecho de aseo domiciliario”, se cobra trimestralmente por las municipalidades, generalmente calculado sobre el avalúo fiscal de la propiedad o en base a un costo promedio del servicio. Algunas comunas cobran cuotas trimestrales de $ 13.785 por vivienda con lo cual el costo anual es de $ 55.140 (referencia comuna de Santiago). Pero hay barrios y ciudades enteras donde ese derecho que de por si es bajo, existen muchas propiedades en las que sus residentes no lo pagan o bien son condonados mediante subsidios o programas sociales. Toda esta situación genera que los costos reales del servicio de disposición final de los residuos terminan siendo trasladados al Estado con las consiguientes consecuencias de tener una gestión deficitaria para este servicio, lo que redunda en que en algunas comunas de escasos recursos se utilizan lugares de disposición de residuos poco regulados y/ o mal gestionados ambientalmente.
“Si algo no se paga, termina siendo un problema ajeno: la basura crece, ocupa espacios indebidos y nadie se responsabiliza por su eliminación,” señala Elvis Bojórquez, jefe de proyecto del Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga. “Tenemos que instaurar un sistema en que el volumen de basura que generas tenga un costo real, y que ese dinero vaya a una gestión moderna y lejana, no a parches improvisados.”
Pero la resistencia es fuerte: pagar más por el retiro de residuos suena bien en la teoría, pero nadie quiere tener un relleno sanitario en el patio de su casa. Esa es la paradoja chilena: exigimos una disposición segura, limpia y moderna… pero sin asumir su costo real ni los impactos locales.
Según Bojórquez, “la clave está en combinar tarifas progresivas —cobrar más a quienes más generan basura— con incentivos claros al reciclaje y a la disminución de residuos. Solo así podremos tener servicios de última generación sin convertir cada comuna en un basural o en un foco de conflicto vecinal.”
Chile está en una encrucijada: seguir con un sistema donde la disposición de los residuos (basura) es gratis (pero su impacto lo paga otro), o asumir que una gestión responsable requiere inversión y corresponsabilidad ciudadana. La experiencia internacional deja claro que las tarifas bien diseñadas no solo cubren costos, sino que transforman la basura en una oportunidad de ahorro ambiental y circularización de recursos.
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