La Trampa de las Contribuciones: cuando el Estado termina subsidiando a quienes no lo necesitan

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

                                    La llamada “Mega Reforma” impulsada por el Gobierno ha instalado un debate que no puede ser reducido a una simple consigna sobre si las personas mayores deben o no pagar contribuciones. El verdadero problema es mucho más profundo: ¿es justo utilizar recursos públicos para eximir del pago de contribuciones a personas mayores que viven en comunas acomodadas, poseen viviendas de alto valor y, en muchos casos, tienen una situación económica que no justifica recibir un beneficio financiado por todos los chilenos?

La respuesta, desde una perspectiva de justicia social, debería ser clara: los beneficios tributarios deben estar focalizados en quienes realmente los necesitan.

Nadie puede desconocer que existen personas mayores que viven con pensiones insuficientes y que enfrentan dificultades para mantener sus viviendas y pagar sus obligaciones. Para ellas, una política de alivio tributario puede ser perfectamente legítima y necesaria. Pero una cosa es proteger a una persona mayor vulnerable y otra muy distinta es establecer una exención que termine beneficiando también a quienes viven en sectores de alto valor inmobiliario y cuentan con capacidad económica suficiente para contribuir al financiamiento de los servicios públicos.

La propuesta de exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años ha obligado a discutir mecanismos de compensación para evitar que la menor recaudación afecte al Fondo Común Municipal y a los presupuestos de los municipios. En la discusión de la Comisión Mixta del parlamento se ha planteado compensar aproximadamente $110 mil millones que dejaría de percibir el FCM y otros $80 mil millones de ingresos directos municipales.

Y aquí aparece la contradicción fundamental.

Se elimina o reduce un impuesto para determinados propietarios y, cuando se produce el agujero financiero, se pretende que el Estado salga a taparlo con recursos generales.

Es decir, el beneficio tributario es individual, pero el costo termina siendo colectivo.

El Fondo Común Municipal no es una caja cualquiera. Es uno de los principales instrumentos de redistribución territorial del país. Permite que comunas con menor capacidad de generación de ingresos puedan financiar servicios básicos y responder a las necesidades de sus comunidades. Las contribuciones son, precisamente, una de las fuentes que alimentan este mecanismo redistributivo. Por eso, cualquier disminución de su recaudación debe analizarse no solamente desde la perspectiva de quien deja de pagar, sino también desde la realidad de las comunas que dependen de esa redistribución.

En este escenario resulta cuestionable la posición de quienes, desde municipios como Linares (cuyo ingreso dependen en un 60% del FCM), respalden mecanismos de compensación que buscan solucionar el problema creado por la propia reforma.

La pregunta de regir es lógica; ¿por qué tenemos que diseñar un mecanismo para que el Estado compense con recursos públicos una exención que beneficiara a un número mínimo de propietarios de viviendas de alto valor?

Una persona mayor con bajos ingresos y una vivienda de valor moderado merece protección. Pero no parece razonable que una persona de 70 años que posee una propiedad de alto avalúo en una comuna acomodada reciba exactamente el mismo beneficio que un jubilado que vive con una pensión insuficiente y enfrenta dificultades para llegar a fin de mes.

Eso no es justicia tributaria. Eso es una política regresiva disfrazada de beneficio social.

Y aquí también corresponde hacer una crítica política a los alcaldes que han respaldado los mecanismos de compensación sin cuestionar suficientemente el fondo del problema. La defensa de los municipios no puede limitarse a exigir que Hacienda reponga los recursos que se dejarán de recaudar. También debemos preguntarnos si es correcto que el Estado utilice recursos generales para subsidiar beneficios tributarios que pueden terminar favoreciendo a sectores que no necesitan ayuda.

En el caso de Linares, esta discusión tiene especial relevancia. Nuestra comuna enfrenta necesidades sociales, déficit de infraestructura, problemas de seguridad, demandas de salud y una enorme cantidad de familias que requieren políticas públicas efectivas. Cada peso que llega al municipio debe ser utilizado con responsabilidad y orientado a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Por eso, resulta contradictorio que mientras se exige al Estado más recursos para los municipios, al mismo tiempo el alcalde Meza y otros ediles respalden reformas que disminuyen las fuentes de financiamiento municipal y luego se confíe en que el presupuesto nacional solucionará el problema. Claramente este respaldo político a la reforma tributaria del gobierno no considera las necesidades de nuestra comuna y le cierra la puerta a la urgente ayuda de quienes más lo necesitan.

Una política pública seria debería priorizar a quienes realmente necesitan apoyo. Debiera considerar los ingresos, las pensiones, el valor de la vivienda y la capacidad económica de cada familia. No basta con tener más de 65 años para presumir automáticamente vulnerabilidad económica.

Si de verdad queremos construir un sistema tributario más justo, debemos proteger a los adultos mayores vulnerables, no entregar beneficios indiscriminados a quienes tienen mayores patrimonios.

Porque si el objetivo es aliviar a quienes más lo necesitan, focalicemos el beneficio. Pero si el resultado termina siendo que el Estado subsidia la exención tributaria de quienes viven en las comunas más acomodadas, entonces no estamos frente a una política social: estamos frente a una transferencia de recursos públicos que beneficia a quienes tienen mayor capacidad económica.

Y eso, especialmente en un país con tantas desigualdades territoriales y sociales, no es el camino que Chile necesita.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).