SAE, un paso hacia la equidad

Por Marcos Álvarez Yáñez (sociólogo)

                       La semana pasada comenzó el proceso de postulación al sistema de admisión escolar 2026, sistema que permite postular a las familias a los establecimientos que reciben financiamiento del Estado. El sistema que fue creado durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, a través de la Ley de Inclusión, que inició su implementación en el año 2016 y terminó su instalación total a partir del año 2019.

En su momento, el sistema fue muy criticado, principalmente por los sostenedores, quienes a partir de la creación de este método no podrían seleccionar a los estudiantes en sus establecimientos. El escarmiento público apuntaba a que se perdería la excelencia y la posibilidad de que los colegios mantuvieran sus estándares académicos; a eso se sumaba la frustración de las familias por no poder colocar a sus hijos en los establecimientos de renombre o que mantienen un estatus social.

Precisamente, el objetivo del SAE es entregar más justicia al sistema, pues centraliza las postulaciones a colegios que reciben subvenciones del Estado (públicos y particulares subvencionados), eliminando los sesgos o visiones subjetivas de los establecimientos a través de las entrevistas a los padres, las pruebas de admisión, las filas en los establecimientos y la presentación de antecedentes para que queden sujetos a la evaluación de sostenedor. Muchas veces estos requisitos eran usados por los establecimientos para seleccionar a los estudiantes, sin considerar que estos responden a distintos factores.

El nuevo sistema implicó un potente cambio cultural para los colegios y encontró resistencias en algunos sectores de la sociedad. Pero con el paso del tiempo las familias se han adaptado y lo han valorado, porque contempla “un principio más equitativo de acceso a las escuelas”. Así lo determinó el proceso de admisión 2025, en donde el 53% de los postulantes para 2025 quedó en su primera preferencia, el 68% quedó en sus primeras tres preferencias y el 93% tiene alguna asignación, quedando solo el 7% sin ninguna asignación de establecimiento, según datos del MINEDUC.

Un estudio del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile de este año concluyó que la segregación en escuelas subvencionadas por el Estado cayó un 35% entre 2015 y 2024, en el período de vigencia de políticas públicas como la Ley de Inclusión y la Ley SEP.  Algo que hace 20 años era imposible, cuando nuestro país mostraba uno de los mayores niveles de segregación escolar en el mundo, pero luego se fueron implementando políticas que buscaban justamente disminuirla y hacer más equitativo el sistema escolar.

Este análisis señaló que en cuarto básico, para el año 2024, la segregación disminuyó en un 34% y alcanzó su nivel más bajo en 20 años. Para el segundo medio, la segregación disminuyó en un 27%, alcanzando cifras inferiores a las de 2003. Se registró una disminución significativa en la segregación interna entre los establecimientos particulares subvencionados desde 2008 hasta 2024, cercana al 34,8% en el segundo medio. Fue del 42,4% para el cuarto básico. Por otro lado, la educación pública ha reducido sus índices de segregación interna alrededor del 35,4% en cuarto básico y al 35,9% en segundo medio. “Solo en el período de vigencia del SAE la segregación cayó 29,7% y 20,2% para cuarto básico y segundo medio respectivamente”, dice el estudio.

La investigación propone una relación beneficiosa entre políticas como la Ley SEP y la Ley de Inclusión, incluyendo el SAE, ya que cuando estas comenzaron su funcionamiento, la segregación también comenzó a disminuir. Esto se suma a los resultados del SIMCE del año 2024, que reflejan el aumento significativo en cuarto básico, con los puntajes más altos desde 2002, tanto en matemática como en lenguaje.  En sexto básico, se reportó una disminución en matemática, mientras que en segundo medio hubo un aumento en ambas asignaturas.

Sin duda alguna, estos indicadores son positivos y van en la línea correcta de la disminución de la segregación en las políticas públicas de educación. Sin embargo, aún existe algo de resistencia en algunos grupos con respecto al SAE; por esta razón, es fundamental que el Estado continúe con este rumbo para perfeccionar un sistema de admisión que permita edificar una sociedad más unida, inclusiva y justa para todos nuestros estudiantes y sus familias.