Los primeros treinta y ocho días del Gobierno de José Antonio Kast: señales de retroceso social y la mayor desaprobación de una gestión Presidencial en la historia

Los primeros treinta y ocho días del Gobierno de José Antonio Kast: señales de retroceso social y la mayor desaprobación de una gestión Presidencial en la historia
Lenin Fuentes Barros, concejal por la Municipalidad de Linares

"Uno de los factores centrales de este desgaste ha sido el fuerte incremento en el precio de los combustibles, conocido como el “bencinazo”. La decisión del Ejecutivo de modificar el mecanismo de estabilización (MEPCO) implicó traspasar directamente el alza internacional del petróleo a los consumidores, generando aumentos históricos en los precios. Si bien el gobierno implementó medidas de mitigación acotadas, como subsidios focalizados y congelamiento del transporte público, estas han sido percibidas como insuficientes frente al impacto en el costo de la vida", indica el concejal Lenin Fuentes Barros


Por Lenin Fuentes Barros (concejal por la Municipalidad de Linares y trabajador social)

       A sólo un mes y días del inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el balance comienza a delinear una tendencia alarmante: caída sostenida en la aprobación ciudadana, crisis económicas y anuncios que ponen en cuestión avances en derechos sociales conquistados en las últimas décadas.

Las cifras son claras. Según la encuesta Cadem, la aprobación presidencial cayó al 47%, mientras la desaprobación alcanzó el 49%, superando por primera vez la evaluación positiva del mandatario. Este aumento de 15 puntos en la desaprobación respecto del inicio del Gobierno refleja un deterioro acelerado en la percepción ciudadana. A ello se suma un clima general de pesimismo: un 52% de la población considera que el país va por mal camino.

Uno de los factores centrales de este desgaste ha sido el fuerte incremento en el precio de los combustibles, conocido como el “bencinazo”. La decisión del Ejecutivo de modificar el mecanismo de estabilización (MEPCO) implicó traspasar directamente el alza internacional del petróleo a los consumidores, generando aumentos históricos en los precios. Si bien el Gobierno implementó medidas de mitigación acotadas, como subsidios focalizados y congelamiento del transporte público, estas han sido percibidas como insuficientes frente al impacto en el costo de la vida.

Más aún, la administración ha optado explícitamente por no ampliar subsidios o mecanismos más significativos de contención, argumentando escases de recursos fiscales, lo que no se condice con datos emanados de la propia Dirección de Presupuesto del Estado y más bien pareciera una decisión basada en un criterio ideológico de cuño neoliberal ultraconservador, traspasando el costo de la crisis a los sectores más vulnerables, demostrando la falta de voluntad política para proteger a las familias chilenas de menores ingresos.

En paralelo, las primeras definiciones programáticas del Gobierno han encendido alertas en las organizaciones sociales y de trabajadores respecto a evidentes retrocesos en derechos. El plan económico impulsado por el Ejecutivo contempla, entre otras medidas, la reducción de impuestos a las grandes empresas (que significa dejar de percibir alrededor de 1.800 millón de dólares) y restricciones a la expansión de la gratuidad en la educación superior. Estas iniciativas, más parecen una provocación a la gran mayoría nacional que observa cómo se profundiza la desigualdad y debilitar el rol del Estado en áreas clave.

El escenario en educación, ya muestra los primeros signos de tensión. Movilizaciones estudiantiles, ajustes presupuestarios y reformas en curso pareciera llevarnos a un punto de inflexión; limitar el acceso a derechos educativos impacta directamente en las oportunidades de desarrollo de amplios sectores de la población.

El Gobierno, en su obstinación ideológica ultraconservadora o ultra neoliberal, se niega a reconocer que la propuesta de la clásica política del “chorreo” (sustento teórico de la reforma tributaria encubierta que se propone bajo el paraguas de una reconstrucción nacional), solo incrementa la desigualdad y la pobreza. No hay crecimiento simétrico de la sociedad y aumenta la concentración de recursos en un sector que en Chile representa el 1% de la población. 

En síntesis, el primer mes del Gobierno de Kast no sólo ha estado marcado por dificultades económicas y una rápida caída en su respaldo ciudadano, sino también por decisiones y anuncios que tensionan el diario vivir de la población, que percibe con temor el deterioro en su calidad de vida. 

A tan solo 38 días del comienzo de este gobierno, pareciera que irremediablemente marchamos hacia la consolidación de la desafección ciudadana y una escalada de la tensión social que puede ser el punto de partida de una crisis de legitimidad más profunda.

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