Educación y trabajadores en alerta
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“La paralización como manifestación del derecho a huelga constituye un derecho fundamental propio de las y los Trabajadores de Chile y el mundo. La fuerza material de los trabajadores organizados desborda la legalidad, es decir, para el mundo del trabajo es relevante los hechos, la realidad fáctica y, la formal, se supedita a esta. No desconocemos el rol fiscalizador y el control de legalidad de la Contraloría, pero sepan, de mantener este criterio en relación con los descuentos por concepto de paralización se va a constreñir a la actividad sindical del Sector Público a que únicamente se manifiesten sus dirigencias, que las manifestaciones sean en horario de colación o luego de la jornada de trabajo. Por tanto, la pregunta es ¿qué efecto tiene ese tipo de movilización? ¡Ninguna! Respuesta obvia y; sin manifestación, sin paralización, sin negociación los avances del Sector Publico reivindicados a la fecha no hubiesen sido posibles, tales como el incentivo al retiro, jornada única, uniformes, calzado, trabajo remoto, promoción de plantas y escalafón, la carrera funcionaria y otras. Por esto, debemos defender el derecho a la paralización, a nuestra herramienta de lucha y revertir el actual criterio de Contraloría”, exponen César Eloy Alegría (profesor) y Ulises Torres (presidente ANEF Maule)
Por Ulises Torres Contreras, presidente regional de la ANEF Maule y el profesor César Eloy Alegría
La Contraloría General de la República atenta en contra del ejercicio de la libertad sindical de las organizaciones en la administración del Estado. Sí, justamente esa es la voluntad de la Contralora en virtud del Oficio N° E93887/2025, del pasado 06 de junio de 2025 por motivo del requerimiento del Senador Velázquez (Federación Regionalista Verde Social), ello, en atención a la paralización convocada por el Colegio de Profesores -4 y 5 de junio-, resolviendo ésta, sobre la procedencia del descuento en las remuneraciones por el tiempo no trabajado por el Sector Educación.
El contexto de la legitima paralización
¿La educación es preocupación de Contraloría? Por cierto, es el ente competente del organismo público. Sin embargo, sus acciones difieren de la realidad. Actualmente, a nivel nacional hay una deuda que asciende a los $300 mil millones en el no pago de previsiones, existiendo 27 mil docentes sin titularidad, quedando cientos de profesores en la incertidumbre laboral año tras año. Es en estos temas, es que el rol no se asume y lo que termina siendo un perjuicio a los profesores, no tiene urgencia para la Contraloría.
El educar con vocación en la construcción mutua del aprendizaje y sueños de cada escolar, también requiere la imperante necesidad y el derecho de cada familia en acceder a una educación pública fortalecida.
Los pocos avances de la agenda corta han determinado nuevas paralizaciones docentes. Para nadie es novedad de que el sistema educacional sigue en crisis, los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) han llegado para cambiar la administración, pero mantener el modelo. La modificación debe ser estructural, permitiendo un financiamiento basal y no por asistencia e igual de importante traspasar la administración sin deudas previsionales y salariales. Esto es urgente, en Linares el municipio a través de su alcalde (sostenedor) reconoce una deuda previsional de $380 millones en pagos pendientes.
La precarización y afectación es evidente. Mientras podamos avanzar en esta agenda, relevando al profesor, mejorando el proceso de carrera docente, terminar con el agobio laboral y llevando adelante una ley de convivencia educativa podremos ver avances, porque precisamente estas propuestas se relacionan en mejorar la educación, contando con ello cada profesor con mayor tiempo para cada estudiante.
Dicho lo anterior, la paralización como manifestación del derecho a huelga constituye un derecho fundamental propio de las y los Trabajadores de Chile y el mundo. La fuerza material de los trabajadores organizados desborda la legalidad, es decir, para el mundo del trabajo es relevante los hechos, la realidad fáctica y, la formal, se supedita a esta. No desconocemos el rol fiscalizador y el control de legalidad de la Contraloría, pero sepan, de mantener este criterio en relación con los descuentos por concepto de paralización se va a constreñir a la actividad sindical del Sector Público a que únicamente se manifiesten sus dirigencias, que las manifestaciones sean en horario de colación o luego de la jornada de trabajo. Por tanto, la pregunta es ¿qué efecto tiene ese tipo de movilización? ¡Ninguna! Respuesta obvia y; sin manifestación, sin paralización, sin negociación los avances del Sector Publico reivindicados a la fecha no hubiesen sido posibles, tales como el incentivo al retiro, jornada única, uniformes, calzado, trabajo remoto, promoción de plantas y escalafón, la carrera funcionaria y otras. Por esto, debemos defender el derecho a la paralización, a nuestra herramienta de lucha y revertir el actual criterio de Contraloría.
A la ciudadanía de la provincia de Linares, estas palabras no son un capricho, la defensa de la actividad sindical del Sector Publico es relevante porque nuestra lucha también contempla el mejoramiento y el fortalecimiento de la función publica que como funcionarios Púbicos cumplimos día a día ante nuestros ciudadanos.
(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).
