Violencia escolar: más allá del castigo, una crisis que exige respuestas integrales

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

           La violencia escolar en Chile, al parecer, ya no es un fenómeno aislado. Si bien no tenemos elementos para hablar de un problema generalizado, la contundencia de algunos hechos enciende las alarmas y nos indican claramente que, ante la posible expansión del fenómeno, se requiere una respuesta estructural de la sociedad en su conjunto, partiendo por las comunidades educativas.

De acuerdo con información del magisterio 4 de cada 10 docentes reconoce haber sido agredido por sus estudiantes. Esto no es solo una crisis de convivencia en el aula, sino también una crisis de la autoridad del profesional docente y de los propios vínculos que se forman en las comunidades educativas.

Frente a este escenario, el Estado ha impulsado medidas centradas principalmente en el control y la sanción. La Ley Aula Segura (Ley 21.128) aparece como el principal instrumento en esta línea, al permitir la expulsión o cancelación de matrícula en casos de violencia grave. 

A un poco más de cinco años de su implementación, esta ley muestra prácticamente una total ineficacia. El aumento e intensificación de hechos violentos en los establecimientos educacionales así lo demuestran y también pone de manifiesto que una política basada en la represión o sanción de los actos de violencia, sin un enfoque formativo y educacional solo pretende excluir a los estudiantes involucrados en estos actos y no reinsertarlos.

La política pública basada solo en la acción punitiva y sancionatoria, dejando de lado la prevención e intervención difícilmente puede cumplir sus objetivos y sólo ha logrado desplazar el problema fuera del sistema escolar.

Hoy el debate, pareciera estar siendo abordado desde la perspectiva de la seguridad pública más que desde una perspectiva educacional. Propuestas como la instalación de portales detectores de metales, escáner y la revisión de mochilas son reflejos claros de esta visión.

Si bien, algunas de estas medidas pueden responder a la urgencia del fenómeno y no las descarto a priori, es necesario dejar muy en claro que con ello se instala un relato en donde los estudiantes son vistos como potenciales amenazas, estigmatizando y profundizando la desvinculación del joven estudiante proveniente principalmente de los sectores más vulnerables y que no cuenta con los recursos personales y familiares para abordar en forma individual el problema.

No estamos ante un hecho solo de indisciplina, la realidad es bastante más compleja y están presente como factores causales la vida familiar, las relaciones sociales, factores emocionales y culturales, así como la presencia cada vez más persistente de problemas de salud mental.

Algunos especialistas y la propia UNESCO señalan que la violencia escolar solo puede abordarse eficazmente mediante enfoques integrales, que involucren a toda la comunidad educativa y a múltiples dimensiones del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Esto implica, al menos intervenir a nivel de prevención socioemocional (empatía, resolución de conflictos básicamente), apoyo en salud mental con equipos multidisciplinarios permanentes trabajando en los establecimientos educacionales y no sólo como respuesta ante una crisis, el trabajo con familias y la comunidad entendiendo que la violencia no se genera solo en el espacio educacional y el fortalecimiento de la convivencia escolar, promoviendo la mediación ante conflictos, la participación y construcción colectiva de normas de tratos en el aula.

Como ya lo señalamos, la violencia escolar en Chile no se resolverá únicamente con expulsiones, sanciones o dispositivos de control. Si bien la seguridad es una condición necesaria, no es suficiente. Persistir en una lógica sancionatoria y punitiva corre el riesgo de criminalizar a los estudiantes y profundizar las brechas que originan la violencia.

El desafío es mayúsculo y busca reconstruir el tejido social dentro de las escuelas, fortalecer los vínculos y abordar las múltiples causas que están en la base de este fenómeno. En definitiva, se trata de decidir si la respuesta será excluir a quienes ejercen violencia, o transformar las condiciones que la producen. Esto requiere un rol decidido de parte del Estado y sin duda el camino no es la reducción de los recursos para la educación pública, como lo que están indicando los anuncios del gobierno central. Si éstos se materializan el problema de la violencia escolar en Chile continuará en aumento.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).